EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 14 de septiembre conocimos, a través de los medios de comunicación, la sentencia que condena al Ayuntamiento de Santander a pagar a la anterior concesionaria del servicio de Parques y Jardines (UTE Jardines Santander) más de 2,3 millones de euros por deducciones improcedentes en las facturas y más de 600.000 euros en intereses de demora, así como las costas judiciales, causando un evidente perjuicio económico a las arcas municipales.
Según se desprende de la lectura de la sentencia, el contrato con la UTE abarca el periodo desde el 15 de febrero de 2012 al 15 de febrero de 2018 y, una vez finalizado y liquidado el mismo, con la misma empresa en precario y prestando el servicio esencial fuera de contrato a petición del Ayuntamiento de Santander, de forma totalmente extemporánea, la directora general de Medio Ambiente comunica al servicio de Intervención, el 6 de septiembre de 2019, el inicio del control financiero, abarcando la duración del contrato y también las facturas emitidas sin cobertura legal entre el 15 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
El informe de control financiero elaborado por la Intervención pone de manifiesto una “bicefalia” en las tareas de fiscalización del servicio, dado que la responsable, por contrato, es la directora general de Medio Ambiente, mientras que según los pliegos la responsabilidad reside en el jefe de servicio, lo que tuvo como consecuencia que, “en lugar de significar un doble control nos encontramos con todo lo contrario: un contrato de elevado importe en el que la empresa adjudicataria ha realizado el servicio sin estar sometida a los estrictos controles que debería”.
No es hasta febrero de 2019 – un año después de la finalización del contrato- cuando un dictamen del Servicio Jurídico aclara esta bicefalia y determina que el responsable es el jefe de servicio, y a partir de ese momento “comienza una sorprendente actividad de requerimiento de información a la empresa”.
A partir del informe de Intervención el equipo de Gobierno aprueba un Plan de Acción derivado del control financiero, pero “lejos de llevarse a cabo lo recomendado” –tal y como indica el fallo judicial– la concejala delegada (de Medio Ambiente), Margarita ROJO CALDERÓN, propone aplicar una serie de deducciones en las facturas emitidas por la UTE (mayo-agosto de 2019), basado en las cantidades a deducir según informe, de nuevo, de la directora general de Medio Ambiente, Belén DOMÍNGUEZ VIAÑA.
La sentencia judicial pone de manifiesto una “interpretación sesgada” por parte del Ayuntamiento que, “saltando el procedimiento previsto” en los pliegos, impone penalidades por servicios prestados después de finalizar la vigencia del contrato, y que “no se habían cuestionado a la fecha de facturación”.
A mayores, el fallo relaciona el irregular procedimiento de penalización a la empresa con una intencionalidad de salvaguardar la ausencia de fiscalización durante la vigencia del contrato, con el siguiente tenor literal: “A mayor abundamiento […] la razón por la que la administración rechazara seguir el procedimiento de penalización pudiera estar en salvaguardar la irregularidad de la falta de órganos de control del contrato o bicefalia existente […]”
Al respecto del criterio del interventor en su informe de control financiero, la sentencia pone de manifiesto “las serias dudas de los incumplimientos imputados”, dado que el expediente administrativo se amplía con un informe elaborado por la consultora ARTIC INFRAESTRUCTURES MANAGEMENT, S.L. (adjudicado por contrato menor) y que, en sus conclusiones, pone en duda las consideraciones del interventor por un “grado de satisfacción ciudadana aparente con sus parques y jardines (incluidos los huertos urbanos), que es elevado e incluso satisfactorio”, de manera que concluye con máxima claridad que “no se ha de realizar detracción del importe de las facturas sino abonarlos de acuerdo a los estudios económicos incluidos en el informe encargado a instancia del Ayuntamiento como asistencia técnica”.
Finalmente, la sentencia concluye que hubo “indefensión” de la empresa al decidir el Ayuntamiento practicar deducciones de forma unilateral, prescindiendo del procedimiento indicado en el informe de control financiero y en los propios pliegos del contrato; dictamina que no se han acreditado los incumplimientos “abiertamente cuestionados por una empresa que emite un informe a instancia del Ayuntamiento”.
Los grupos firmantes de esta moción consideramos que no es opinable que el fallo acarrea un perjuicio para las arcas públicas municipales, por un irregular y negligente Expediente Administrativo, impulsado desde la dirección política municipal, se llega a la reclamación judicial de la empresa y a la condena al Ayuntamiento a pagar las cantidades deducidas de mayo de 2019 a mayo de 2021, por un importe de 2.351.008,2 euros, a lo que hay que añadir más de 600.000 euros en intereses legales y las costas del proceso judicial, que se imponen a la demandada.
Además:
1.- Alertamos por la presente de que los descuentos se siguen produciendo desde mayo de 2021 hasta nuestros días, incluso tras la entrada en vigor del nuevo contrato, por lo que las deducciones improcedentes acumuladas ascenderán a más de 5 millones de euros y los intereses de demora superarán los dos millones de euros.
2.- Añadimos que el Partido Popular, que ha ostentado la Alcaldía y la mayoría de la Junta de Gobierno Local en todo el periodo afectado, hizo caso omiso a todas las advertencias previas, tanto en la conformidad del ingeniero técnico municipal de Parques y Jardines desde mayo de 2020 con la procedencia de tramitar las facturas giradas por la empresa como de los portavoces de los distintos grupos políticos en los plenos celebrados desde el año 2021 en los que se debatieron y aprobaron los correspondientes reconocimientos extrajudiciales de deuda como consecuencia de la inexistencia de un contrato que soportara las facturas y la necesidad de legalizarlas por acuerdo del Pleno donde reside la competencia.
3.- Del mismo modo, señalamos la responsabilidad del PP en que se haya prolongado durante prácticamente cinco años la prestación en precario del servicio de Parques y Jardines, como consecuencia del desistimiento en 2020 de la adjudicación que habría correspondido a la nefasta licitación del año 2019, con avisos, de nuevo, tanto del Comité de Empresa del servicio de Parques y Jardines como de los partidos políticos sobre la insuficiencia de la oferta ganadora para cubrir los salarios de la plantilla.
4o.- Asimismo, en defensa de los intereses municipales y para que no sean los santanderinos quienes tengan que hacer frente con sus impuestos al grave perjuicio económico, subrayamos la necesidad de determinar la responsabilidad de esta negligente gestión.
Indudablemente a la luz del contenido de la sentencia judicial, la responsabilidad política de las actuaciones debe recaer en la dirección política municipal, que impulsó una fiscalización extemporánea para cubrir las propias carencias en el control de un gran contrato público; que lo hizo a través de un procedimiento distinto al recomendado por la Intervención General y por los propios pliegos del contrato; que contrató un informe por contrato menor para contradecir finalmente al informe de intervención, añadiéndolo al expediente administrativo que iba a ser juzgado; y que acordó en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el 16 de agosto y el 6 de septiembre de 2021, sendas resoluciones declaradas nulas por la Justicia.
Una responsabilidad política que sólo se puede encontrar en la Concejalía de Medio Ambiente (concejala delegada y directora general, que son cargos políticos de libre designación del Partido Popular) y, en primera instancia, en la presidenta de la Junta de Gobierno Local y alcaldesa de Santander, doña Gema IGUAL ORTÍZ, como máxima responsable del Ayuntamiento.
Por todos los motivos expuestos los grupos firmantes presentan la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1. Instar a la Junta de Gobierno Local a la revisión de los criterios económicos y jurídicos que han llevado a la condena judicial y al desembolso de importantes cantidades de dinero público, en aras de detener la bola de intereses que está dañando a las arcas municipales.
2. Instar al equipo de Gobierno a realizar las modificaciones necesarias en el Presupuesto para consignar la partida o partidas presupuestarias que permitan hacer frente a los costes, en cumplimiento tanto de esta sentencia judicial como de todos los descuentos practicados hasta la fecha, para evitar incrementar el coste en concepto de intereses de demora.
3. Instar a la alcaldesa que depure todas las responsabilidades derivadas de esta sentencia y del menoscabo económico al Ayuntamiento.
4. Iniciar todos los trámites necesarios para restituir la situación previa al informe de control financiero en el Servicio de Parques y Jardines y asegurar una normalización de los contratos relativos a los servicios públicos esenciales, incidiendo especialmente en una correcta fiscalización de los mismos durante la vigencia de los contratos.
