La presencia de vehículos abandonados en las calles de Santander se ha convertido en una problemática creciente que afecta a la seguridad vial, la salud pública y el medio ambiente. Estos vehículos no solo detraen plazas de aparcamiento en zonas de alta densidad, sino que se convierten en focos de suciedad e inseguridad. Recientemente, hemos podido comprobar in situ en el entorno de Castilla-Hermida Castilla la existencia de varios vehículos abandonados, de los cuales uno de ellos se encuentra calcinado y cuyas llamas afectaron a los vehículos colindantes con daños que los afectados todavía tienen que cobrar. 

La normativa actual es clara respecto a cuándo un vehículo debe ser considerado un residuo y retirado por la administración. El Real Decreto Legislativo 6/2015 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 106 (actualizado por la reciente reforma), establece que se podrá ordenar el traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) cuando:

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.

Por su parte, la Ordenanza de Circulación de Santander atribuye a la Oficina Municipal de Tráfico en el artículo 2.d) la “tramitación hasta desguace de los vehículos abandonados en el término municipal” y regula en el título X la inmovilización y retirada de vehículos en el municipio de Santander. Así, señala que “podrán ordenar o realizar la retirada de la vía pública de aquellos vehículos que, presentado los signos externos de abandono establecidos en la vigente Ley de Tráfico y Seguridad Vial, constituyan un peligro, causen graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones, o al funcionamiento de algún servicio público o deterioren patrimonio público”.

Los regionalistas de Santander consideramos que es necesario extremar la vigilancia sobre estos vehículos y proceder a su retirada de la vía pública lo antes posible, dado que muchos de ellos se encuentran semidesguazados, carecen de matrícula o acumulan basura, lo que además facilita que a su alrededor se cree un estado de dejadez y suciedad que evidencia que, claramente, llevan mucho tiempo sin moverse. En una ciudad como Santander, que elimina aparcamiento en superficie a marchas forzadas, la presencia de estos vehículos abandonados supone un problema aún mayor para los vecinos que no encuentran aparcamiento y generan una imagen lamentable.

Además, esta problemática afecta especialmente a los vecinos de los barrios con mayores problemas de aparcamiento, muchos de ellos colindantes a zonas con OLA. Una situación que se incrementa cada día y cuyo colofón fue la quema de un vehículo en la zona de Castilla-Hermida. Un coche que un mes después permanece quemado en el mismo sitio, lleno de basura y ocupando una plaza de aparcamiento en una zona con enormes problemas de aparcamiento. 

Asimismo, y al igual que ocurre en otras ciudades, se ha detectado en varias zonas de la ciudad la existencia de vehículos que, sin estar abandonados, utilizan la vía pública como «almacén» de larga duración, contraviniendo el espíritu de la ordenanza municipal.

Por todo lo expuesto en la exposición de motivos, el Grupo Municipal Regionalista presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

  1. Instar al equipo de gobierno de Santander a iniciar de forma inmediata un plan de acción para la identificación y retirada de vehículos abandonados en todos los barrios de Santander.
  2. Reforzar la vigilancia y control sobre estos vehículos en presunción de abandono, así como sobre aquellos que son usados como almacenamiento en la vía pública bajo su custodia, conforme a la ordenanza de ocupación de vía pública.
  3. Realizar una campaña de concienciación ciudadana en Santander para disuadir del abandono de estos vehículos en la vía pública con indicación de las sanciones, así como el establecimiento de un canal de denuncia para estos vehículos.