Recientemente hemos visitado el edificio municipal ubicado en la calle Santa Lucía 13, en el centro de la capital, a escasos metros de Cañadío y del Río de la Pila. Allí se encontraba desde 1985 el colegio religioso Divina Pastora, que estuvo abierto hasta 2005. Este centro, antaño gestionado por unas religiosas franciscanas, fue derribado y en su lugar se construyó un bloque de viviendas con un edificio anexo que, en teoría, iba a ser destinado a un centro cívico cultural. Con este fin, la empresa Sidecan invirtió 8 millones de euros en derribar el edificio y levantar 30 viviendas, un aparcamiento subterráneo con 115 plazas y el mencionado centro cívico, que cedió gratuitamente al Ayuntamiento para facilitar el cambio de uso de la parcela, con más de 700 metros cuadrados disponibles. Todo ello enmarcado en el anterior Plan General de Ordenación Urbana, que delimitaba este espacio como la Unidad de Actuación AE-8(B) “Divina Pastora”, con la idea de permitir la construcción de viviendas sin perder dotación pública. El mecanismo utilizado fue un convenio urbanístico. Si bien Sidecan fue el encargado de realizar los trámites para el Estudio de Detalle y el Convenio urbanístico, finalmente el edificio de viviendas fue comercializado por Tecniobras bajo la marca ‘Divina Pastora Residencial’. El Estudio de Detalle fue aprobado inicialmente en mayo de 2014 y definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de ese mismo año.
Con este movimiento, y tal y como refleja la hemeroteca, el Ayuntamiento quiso compatibilizar, y así lo reflejó en el Plan General de Ordenación Urbana de 2012, el uso residencial –viviendas– con el dotacional –equipamientos–. Se trataba, por tanto, de que la pérdida del centro educativo (aunque este no fuera público) no supusiera también la pérdida de dotaciones en el centro de la ciudad. Por eso, cuando se proyectó levantar allí, sobre el gran solar dejado por el colegio Divina Pastora, un edificio, y se añadió como condición que se mantuviera adyacente otro de carácter público y propiedad del Ayuntamiento; condición sine qua non para poder otorgar la licencia de primera ocupación a las viviendas, una vez recepcionado por el Ayuntamiento. A partir de aquí ya conocemos la historia. La empresa construyó los pisos, entregó el edificio al Ayuntamiento, que continúa vacío y sin destino que conozcamos. De esta manera, diez años después de ese trámite –veinte después del cierre del Divina Pastora–, Santander no sólo perdió un colegio en el centro, sino que continúa sin tener una dotación municipal. Curiosamente, lo único que avanzó fue la construcción privada, que sí obtuvo la licencia de primera ocupación una vez que la empresa entregó el edificio anexo al Ayuntamiento completamente acabado y operativo.
Con todos estos antecedes nos situamos ahora en abril de 2025, cuando a raíz de una denuncia de este Grupo Regionalista hemos sabido que el susodicho edificio municipal de la calle Santa Lucía no tiene destino alguno, tal y como manifestó la alcaldesa cuando indicó que “ese inmueble no está abierto porque no tiene un destino actualmente”. A esto nosotros añadimos que no lo tiene ahora ni lo ha tenido desde hace varios años. La señora Igual manifestó además que ese edificio es patrimonio municipal de Santander y que, como tal, “será una dotación municipal” pero que “tenemos que esperar el momento”.
Parece que ese momento llevaba años sin llegar, se acerca gracias al trabajo de este Grupo Regionalista y a las preguntas que realizamos en el anterior Pleno. En la anterior sesión plenaria el concejal indicó en respuesta a nuestras preguntas que “desde el equipo de Gobierno se han valorado opciones para darle utilidad inmediata, como el alquiler o la cesión temporal para oficinas administrativas. De hecho, no descartamos ninguna opción en el corto plazo”. También afirmó que “tanto el edificio como las plazas responderán a las prioridades de Santander y sus ciudadanos, asegurando un beneficio directo para la ciudad”.
Pues bien, a tenor de lo expresado, y con el fin de atender a una de las mayores necesidades y prioridades de Santander y sus ciudadanos, los regionalistas planteamos en este Pleno que se estudie la transformación de este edificio municipal en una de las opciones que la ley plantea para este tipo de patrimonio, la cual permitirá crear, al menos, cuatro viviendas destinadas a jóvenes santanderinos en régimen de alquiler y con un precio reducido con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a un sector de la población muy castigado por la subida del alquiler y la compra en Santander. Recordemos tan sólo un par de datos: que en Santander el precio del alquiler se ha incrementado un 50% en los últimos 10 años y que en 2024 el precio medio de alquiler en la ciudad a la altura del mes de agosto superó los 1.000 euros (1.047 €), mientras que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para 2025 es de 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros anuales. Es decir, a un joven de Santander que cobre el SMI le quedarían poco más de 100 euros mensuales para vivir. De hecho, con un simple vistazo a un portal inmobiliario podemos ver que apenas existen 500 pisos ofertados en Santander y que prácticamente todos ellos obligan a destinar mucho más del 30% de los salarios que pueda tener un joven santanderino para cubrir esta necesidad vital. Pero no sólo eso, es que recientemente se han registrado más de 11.000 solicitudes de santanderinos para optar a las Viviendas de Protección Oficial del Nuevo Alisal, lo que nos da una imagen clara de la magnitud del problema de la vivienda en Santander.
Es por ello que este grupo considera que este edificio, tras los oportunos estudios de viabilidad del proyecto, debería destinarse a los jóvenes santanderinos, estudiando opciones como la de las 15 viviendas de alquiler asequible que se van a asignar en el Nuevo Alisal. Una medida que, en nuestra opinión, haría más accesible la vivienda a este colectivo, especialmente aquellos con bajos ingresos o dificultades para acceder al mercado libre que es lo normal cuando un joven empieza a trabajar, logrando mantener el carácter social de dicho edificio y promoviendo el uso de un equipamiento vacío a día de hoy. Sabemos que esta iniciativa no solucionará el problema del alquiler y la vivienda para jóvenes en nuestra ciudad, pero será una ayuda y marcará el camino y la dirección correcta, reteniendo no sólo a los jóvenes en Santander, sino también impulsando y dando vida al centro de la ciudad.
PROPUESTA DE ACUERDO
Se realice de forma urgente un estudio jurídico y técnico sobre la viabilidad de la transformación del edificio municipal situado en la calle Santa Lucía en viviendas en régimen de alquiler para jóvenes santanderinos y con unas cuotas de alquiler que, en ningún caso, superen el 30% de los ingresos vinculados al SMI.
